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DESTACADXS ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA CONDUCTA DE PUERTO RICO Y LATINOAMERICA SE OPONEN A TRASLADO DE CONFINADXS A EEUU

Erik Rolón

Foto: Erik Rolón, Secretario del Departamento de Corrección

Un nutrido grupo de estudiosos de la criminología, profesionales de la conducta y abogadxs, se manifestaron en contra de la política del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico de trasladar a 3,200 confinadxs a cárceles privadas en territorio estadounidense y catalogaron el movimiento como una “lógica perversa de una racionalidad meramente económica”.

“….la rehabilitación no puede estar supeditada a una racional económica ni a una racional organizativa”, denunciaron los profesionales entre los que se encuentran profesores de la Facultad de Ciencias Sociales como Madeline Roman y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Erika Fontanez y Dora Neváres entre otrxs.

La decisión informada por el Secretario del DCR, Erick Rolon, incuye cerrar entre doce y quince instituciones carcelarias. “No se necesita mucho para concluir que esto provocará un eventual hacinamiento.  Existe un Reglamento sobre traslados de confinados a Estados Unidos que debe ser respetado por la agencia y exigimos que todo traslado sea cónsono con el mismo”.

Destacaron que los traslados se darán luego de que la Oficina del Inspector General de Estados Unidos emitiera en el 2016 un informe sobre las condiciones de las cárceles administradas privadamente y el gobierno del entonces presidente, Barack Obama anunció que terminaría con esa clase de contrataciones.

“La única razón por la cual esta práctica no ha terminado es por la asunción al poder del Presidente Trump y no porque en esos lugares hayan mermado las serias violaciones a los derechos de los confinados”, sentenciaron.

“La política de traslados afectará sustancialmente el proceso de rehabilitación de los confinados y provocará un angustioso sufrimiento en sus familiares y amigos en tanto los lazos que se preservan a través de las visitas serán quebrantados. Somos conscientes, además, que los traslados afectarán sustancialmente el acceso a la justicia de los confinados, ya que no podrán acceder de la misma forma que lo hacen ahora a los tribunales del país. Mucho menos sabemos qué pasará con aquellos que, una vez descubierta la cruda realidad de una institución carcelaria privada, quieran regresar a su país”.

“El Estado no puede ceder a manos privadas lo que constituye una responsabilidad pública y, por tanto, rechazamos la lógica perversa de una racionalidad meramente económica, los puertorriqueños y las puertorriqueñas deben conocer que en el informe preparado por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos no pudo concluirse que un confinado cueste menos en una institución privada que en una pública, puesto que se necesita de mucho monitoreo y un sinnúmero de esfuerzos para que el gobierno pueda asegurarse que los derechos y necesidades de los confinados están siendo satisfechos”.

La declaración fue suscrita por 30 profesorxs y/o abogadxs de la Universidad de Puerto Rico, así como de la Interamericana y promotores de los Derechos Humanos, 15 miembros del Comité de Amigxs y Familiares de Confinadxs, entre ellxs trabajadorxs sociales, y 18 estudiosos de la problemática carcelaria de Latinoamérica y Estados Unidos.

Los firmantes exigen además “conocer de antemano los términos de cualquier contrato que se esté considerando y  conocer de cualquier documento que se ofrezca a los confinados para ser firmado "voluntariamente" y requerimos mayor especificidad en cuanto a cuáles son los confinados que se propone trasladar y si ya se ha preparado alguna lista de los 3,200”.

“Como profesionales de la conducta humana y defensores de los derechos humanos de los confinados y confinadas, respondemos aquí a nuestra responsabilidad de hablar por aquellos y aquellas que este sistema ha acallado. El haber cometido un delito no es excusa para disponer de las personas sin considerar su bienestar y el de sus familiares”.

El grupo cuestionó además las manifestaciones del Secretario de que los traslados se llevarán a cabo de forma “voluntaria”.

“Nos cuestionamos la “voluntariedad” con la que el programa pretende llevarse a cabo. ¿Qué promesas se le harán a los confinados para que éstos accedan a moverse del país? ¿Se les explicará que las cárceles a las que serán trasladados son administradas privadamente? ¿Sabrán los confinados que accedan al traslado de las serias denuncias que se han hecho en cuanto a los niveles de violencia que se experimentan en las cárceles privadas de los Estados Unidos?