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POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE LA MUJER TRABAJADORA (OPMT) SOBRE NICARAGUA

La relación de la Organización Puertorriqueña con el Pueblo de Nicaragua se remonta a los años en que luchaban en contra de la sangrienta y abusiva dictadura de Anastasio Somoza. Se levantaron para poner fin a la más terrible pobreza, producto de latifundios y el control de los recursos económicos de la tierra de Sandino por el gobernante y sus allegados.

Desde Puerto Rico nos solidarizamos a través del Movimiento Nacional de Apoyo al Pueblo de Nicaragua (MONAPUN). Fueron incontables las muertes de quienes lucharon desde las barriadas, ciudades heroicas, campos, escuelas, universidades, desde el exilio, para convertir en realidad el sueño de Carlos Fonseca Amador, una Patria libre de la dictadura y de las intervenciones del imperialismo norteamericano. Las mujeres fueron protagonistas del proceso revolucionario. Ganada la Guerra, el apoyo continuó a través de las brigadas de trabajo Roberto Clemente durante los veranos. Varias de nosotras hicimos el viaje en repetidas ocasiones y mantuvimos relaciones con la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinosa (AMNLAE), luchadora que no alcanzó a celebrar la victoria el 19 de julio de 1979.

Con todo nuestro espíritu y pocos recursos condenamos la guerra de los contrarrevolucionarios ( La Contra), financiados por Estados Unidos. Sufrimos cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones ante la coalición Unión Nacional Opositora (UNO) y ocupó la presidencia la Sra. Violeta Chamorro. Seguimos apostando al FSLN, aunque tuvimos grandes preocupaciones ante el destape de la Piñata, nombre dado a eventos de corrupción perpetrados por dirigentes de la organización política, como el hermano del actual presidente. Pensamos entonces que contando con tantas personas valiosas en sus filas, la situación sería saneada. De vuelta al poder, la organización política estaba dividida.

Posteriormente el movimiento feminista de Latinoamérica, informado por compañeras de Nicaragua, que habían alcanzado importantes logros en términos de derechos en la Constitución que se redactó tras el triunfo, denunciaron el caso de agresión sexual del presidente del país, Daniel Ortega contra su hijastra. La denuncia no quedó esclarecida, en gran medida porque la joven fue perseguida, amedrentada. Las compañeras que la apoyaron también fueron acosadas. Fieles al apoyo a las víctimas y con la confianza que nos merecen las compañeras de organizaciones hermanas, condenamos el abuso. También nos unimos a las denuncias que se hicieron sobre la eliminación de derechos adquiridos por las mujeres nicaragüenses, especialmente en el área de salud reproductiva. Este ataque a los logros alcanzados formó parte de los acuerdos entre el gobierno dirigido por el Sr. Ortega y su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, y la Iglesia Católica, así como otras fundamentalistas. De forma particular legislaron para prohibir el aborto sin ninguna excepción, aun cuando el origen del embarazo sea una violación, esté en riego la vida de la mujer o análisis del feto indiquen que de llevar a término el embarazo tendrá graves e inviables condiciones. Esto es inaceptable. El activismo de las mujeres en Nicaragua en contra de éstas y otras medidas que violentan sus derechos les ha acarreado persecución y coartación de su libertad de expresión y asociación.

Es por el historial narrado anteriormente que no podemos permanecer en silencio ante los sucesos desatados en el hermano pueblo desde el pasado mes de abril. Existe un consenso de que son cientos las personas muertas, muchas más las heridas, las encarceladas y perseguidas. Si bien es cierto que la decisión gubernamental de reducir las pensiones de las personas retiradas, génesis de las protestas, fue dejada sin efecto, las medidas gubernamentales contra las acciones de denuncia han sido abusivas y no parece haber espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones que detengan el baño de sangre.

La OPMT repudia la violencia gubernamental y reclama el respeto por los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, de forma particular, los de nuestras compañeras de lucha. Estamos en contra de la intervención de ningún país extranjero. Sabemos que el águila acecha, pero para propósitos expansionistas, no porque vele por el respeto de los derechos de los nicaragüenses. Mal puede hacer esos reclamos quien pisotea todos los días los derechos de las minorías en su territorio, de las y los migrantes y de la población boricua en nuestra propia Patria. Tampoco favorecemos la posición de la Iglesia que ahora ha cambiado de bando, pero estuvo en contubernio con la cúpula gubernamental. Nuestro respaldo y solidaridad están con la población nicaragüense que genuinamente reclama justicia, como lo hacemos nosotras en Puerto Rico. Creemos que ese heroico pueblo que derrocó a Somoza y resistió a la Contra puede resolver la crisis con la intervención de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sabemos que el gobierno sandinista cuenta con mucho apoyo dentro y fuera de su país, pero el pueblo en lucha no puede ser aplastado. Muchas vidas de personas de todas las edades fueron ofrendadas durante la insurrección para ser libres. Valiosas son las voces de Ernesto Cardenal, de Dora María Téllez, de Sergio Ramírez, de Mónica Baltodano, de Gioconda Belli, de otros líderes y lideresas que estuvieron en el Frente y son denunciantes de la actual situación que se vive en su nación. Estamos conscientes de que nuestras expresiones pueden ser criticadas por personas a quienes apreciamos y respetamos. Confiamos en que nuestra postura también sea respetada y que las diferencias en esta ocasión no nos desvíen del camino de la solidaridad que en tantas instancias hemos recorrido de la mano.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de agosto de 2018.