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Borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) trae información de los impactos y la pretensión del desarrollador de construir un museo con las piezas
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
El 24 porciento de los yacimientos arqueológicos que existen en la huella de construcción del proyecto hotelero y residencial de lujo Esencia en Cabo Rojo, sería impactado directamente por el desarrollo y un tres porciento sería integrado y mantenido visible para "el disfrute de los visitantes del proyecto".
Un borrador de Declaración de Impacto Ambiental de 308 páginas es parte de los documentos que se encuentran en el portal de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y establece en su página 176 que un 24 porciento de los recursos culturales sería impactados por el desarrollo, un 73% quedará en los campos de golf fuera de las "áreas construidas libres de impacto directo" aunque aclara que "cuando sea necesario quedarán sellados bajo el terreno, siguiendo las metodologías arqueológicas aceptadas luego de los estudios pertinentes".
Además, el proyecto contempla, según el borrador de la DIA, "un área de exhibición en el museo a localizarse en el West Town Center. En el mismo se conservarán y se exhibirán para el disfrute del público los yacimientos impactados que el ICP indiquen se pueden conservar".
El proyecto propuesto está compuesto de 81 parcelas en un predio de unas 1,549 cuerdas. "Específicamente, se propone el desarrollo de: 530 unidades de hotel; 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares; una escuela con 500 unidades de vivienda o dormitorios para estudiantes; áreas recreativas; campos de golf; áreas de servicio médico; áreas comerciales y de entretenimiento; áreas de agricultura; y áreas de servicio e infraestructur”.
A una semana de que se celebren vistas públicas en la Legislatura Municipal de ese pueblo, sobre el desarrollo que se planifica en el en la bahía de Boquerón, el informe que realizó la firma que diseñó el proyecto para cumplir con el requerimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) de un Estudio Arqueologico Fase IA-IB, no arroja luz sobre cual sería la estrategia de campo para llevar a cabo la próxima fase de estudio que negaría o confirmaría yacimientos arqueológicos en una zona ya identificada como de alta sensitividad.
Tal y como reveló Bonita Radio en exclusiva el pasado dos de febrero, la Fase IA contiene la información base necesaria para poder establecer la sensitividad arqueológica del área bajo estudio y que identificó no menos de 140 recursos culturales lo que obligó al ICP a requerir la Fase IB que "consta de intervenir (usualmente por medio de excavación de pozos de sondeo y/o trincheras) la superficie del terreno del área propuesta para desarrollo con el propósito de determinar si existe material arqueológico bajo la superficie del terreno estudiado".
Los arquitectos Álvarez, Díaz y Villalon - Ricardo Álvarez Díaz y Cristina Villalón - contrataron a la firma Arqueo, del arqueólogo Federico Freytes para fizar la evaluación Fase IA. Además de desarrolladora Villalón se sienta en la Junta de Directores del ICP. Ella y Álvarez Díaz son donantes activos de la gobernadora, Jenniffer González Colón y del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Se alega que esa Fase IB está en proceso de planificación por lo que "al momento no contamos con el beneficio de que el proceso de identificación de los recursos culturales existentes en el área. Esto debería afectar el proceso de cumplimiento ambiental del proyecto (que se está trabajando por medio de una Declaración de Impacto Ambiental o DIA) ya que el tema de los recursos culturales es ámbito de evaluación de las DIAs", dijo a Bonita Radio la arqueóloga Raquel Camacho.
"Al no tener identificadas todas las áreas arqueológicas, no se puede pasar a establecer las medidas de evitar, minimizar y/o mitigar los impactos que el proyecto pudiera causar a dichos recursos. No podemos proteger lo que no sabemos que existe", destacó Camacho, quien ha sido voz de los peritos arqueólogos sobre cómo el gobierno ha dejado fuera de los proyectos de construcción el cumplimiento con la Ley 112 de 1988 que crea el Consejo Arqueológico.
Además, el gobierno tampoco ha hecho valer el Reglamento 8932 para la Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo, aprobado el ocho de febrero de 2017 y que otorga jurisdicción al Consejo para intervenir en las diferentes etapas de los proyectos de construcción.
Es con los resultados de la Fase IB que "tendríamos un inventario completo de los recursos culturales existentes dentro del área propuesta para desarrollo", según lo establece el reglamento 8932, insistió Camacho.
La Ley 112 en su Sección 10 establece que cualquier actividad que implique movimiento de terreno será ilegal si no cuenta con la autorización del Consejo Arqueológico.
El Consejo ha sido desarticulado por la dirección del ICP que no los reune desde el 2019. El presidente es el director del Instituto, Carlos Ruiz Cortés.
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