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Solo del 31 de julio de 2007 al 12 de febrero de 2019, COFINA realizó 16 emisiones de bonos 30 por $28,336,412,433
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
Una auditoría de la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, donde el lenguaje de 'hallazgos' cambia por "resultados", hecha a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entre el primero de enero del 2017 al 30 de enero del 2023, trae información que coloca a los administradores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Ejecutivo y el Legislativo, emitiendo y aprobando emisiones de bonos bajo la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) o deuda extraconstitucional, que resultaron en déficits ascendentes a $110,986 millones sin fuentes de repago y su índice de endeudamiento fluctuó entre 94.28% y el 97.19%.
"Durante los años fiscales del 2007-08 al 2009-10, del 2011-12 al 2013-14, y 2018-19; COFINA no tuvo ingresos suficientes provenientes del IVU por $1,650,454,076 para el pago de la deuda. En dichos años fiscales, COFINA tuvo ingresos por $3,264,435,497, mientras el servicio de la deuda fue por $4,914,889,573", concluye el informe en su página 35.
Lo que ha sido un secreto a voces entre analistas independientes a los partidos políticos que han dirigido al país, PNP y Partido Popular Democrático (PPD), la auditoría 0C-25-39 del 15 de noviembre y hecha pública el domingo 24 en el portal de la OCPR destacó que la deuda de COFINA debe ser considerada extraconstitucional.
"A base del estado de derecho se concluye que, aunque la imposición del IVU es parte de los poderes de imponer contribuciones del ELA, COFINA no es considerado parte del margen prestatario del ELA de 15 %, establecido en la Constitución. Esto, debido a que COFINA no es una obligación directa que compromete la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del ELA. Este estado de derecho permite que no toda contribución impuesta llegue al Fondo General. Incluso, permite que se utilice para otros propósitos, ya sea de entidades públicas que no estén relacionadas con el pago de obligaciones directas que comprometan el crédito del ELA".
El informe hace silencio sobre hacia donde fueron a parar las cuantías de emisiones de bonos de COFINA que agravaron la situación fiscal al punto en que en el 2016 se activó la petición de quiebra y mantiene al país, desde entonces, con la imposición del Congreso de Estados Unidos y Barack Obama como presidente, de una Junta de Control Fiscal que tiene como prioridad pagar a los deudores. El informe establece que el uso de los fondos recibidos de las emisiones de bonos se evaluará en otra auditoría "más adelante".
La Contralora Valdivieso tiene su nombramiento vencido desde el 2020 y se espera que la administración de González Colón llene la vacante.
Según el análisis de los auditores de la Contralora, del 2007 al 2019 se emitieron bonos por la suma $28.333.412 millones de los cuales 39.1% o $11.077.341,643 corresponden al cuatrienio de Luis Fortuño y la Legislatura de Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González - hoy gobernadora electa - en la Cámara.
Del 2017 al 2019, bajo la gobernación Ricardo Rosselló Nevárez, Rivera Schatz y Carlos 'Johnny' Méndez en la Cámara se emitieron $12,021,321,817 en duda o 42.5 % del total. En el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, según el informe de la Contralora, se endeudó el país mediante COFINA en un 18.5% o $5,237,748,973.
La Legislatura del 2005 estaba dominada por el PNP, en el Senado, Kenneth McClintock y en la Cámara, José Aponte. Fue en ese período, en el 2006 que se creó COFINA, "inicialmente como una subsidiaria, y posteriormente como una corporación independiente del BGF, con el propósito de emitir bonos o utilizar otros mecanismos de financiamiento para pagar o refinanciar la deuda extra constitucional del ELA existente al 30 de junio de 2006".
A partir del 2007, COFINA se convirtió finalmente en un cuerpo corporativo político, independiente y separado del Gobierno del Puerto Rico y de cualquier otra entidad gubernamental.
El informe de la Contralora no es tan claro como otros que presentan hallazgos y hace señalamientos puntuales de responsabilidades y las implicaciones de las conductas de quienes toman decisiones en las agencias auditadas.
En las recomendaciones solo menciona, de la 14 a las 16, una linea pro forma que establece . "Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que las situaciones comentadas no se repitan. [Resultado 2 y Comentario especial de la Parte 2] 15. Velar por que el director ejecutivo de COFINA cumpla con la Recomendación 16. [Resultado 2 y Comentario especial de la Parte 2]
Sobre los ingresos propios, el informe de la Contralora establece que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tuvo "pérdidas operacionales acumuladas por $6,659 millones y fondos insuficientes para sus actividades corporativas".
Llama la atención que la emisión de bonos más grandedel BGF de las examinadas por cuatrienio corresponde igualmente al de Fortuño cuando del 2 ene. 09 al 2 ene. 13 se endeudó en $9,686,412,000 o un 73 %; del 2013 al 2016, de Alejandro García Padilla, $1,010,000,000 para un 7% y en el de Acevedo Vilá, $2,651,493,0 o un 20% del total de la deuda emitida.
"De dichas emisiones, evaluamos la emisión de bonos que incluía los Government Development Bank for Puerto Rico Senior Notes, 2011 Series H por $1,399,045,000, del 28 de diciembre de 2011; y la Senior Notes, 2011 Series I por $397,935,000, del 12 de enero de 2012. Esta fue aprobada el 21 de diciembre de 2011 por el Comité Ejecutivo de la Junta mediante la Resolución EC-2011-104. Mediante memorando del 21 de diciembre de 2011, el vicepresidente ejecutivo y tesorero, el vicepresidente ejecutivo de financiamiento, y el vicepresidente y asesor de financiamiento del BGF indicaron al Comité Ejecutivo del BGF que el Banco necesitaba continuar fortaleciendo su liquidez, entre otras cosas, debido al crecimiento acelerado de los préstamos a las entidades gubernamentales, lo que requería altos niveles de solvencia. En dicha Resolución se establece que el principal y los intereses de las notas eran pagaderos de los fondos disponibles del BGF, y se considerarían las obligaciones generales no garantizadas de este", destaca el informe sobre el tracto que siguió la transacción en términos de funcionarios a cargo y justificaciones para emitir la deuda.
Se añadió en el informe que en "el Official Statement se estableció que el uso propuesto de la emisión era para fines corporativos generales incluido, pero no limitado a, aumentar su cartera de inversiones; otorgar préstamos; comprar obligaciones del ELA, sus corporaciones públicas, entidades y municipios; redimir o comprar todas o parte de ciertas notas emitidas previamente por el BGF, y pagar los costos asociados a la emisión", establece el informe que las agencias acreditadoras Moodys y Standard and Poor, "evaluaron la emisión y concluyeron que estaba sujeta a un riesgo crediticio moderado y que era probable que condiciones económicas adversas ocasionaran el debilitamiento de la capacidad del BGF para cumplir con sus compromisos financieros".
"Luego de la emisión de las senior notes realizadas en el año fiscal 2011-12, el BGF tuvo pérdidas operacionales acumuladas por $6,659,576,737, durante los años fiscales del 2013-14 al 2014-15, del 2016-17 al 2017-18 y 2019-20". La transacción hecha en la administración Fortuño fue tan perdidosa que dejó al BGF inoperante en el 2013, teniendo más deudas que activos.
"También encontramos que, para los años fiscales 2005-06 y del 2007-08 al 2014-15, el BGF tuvo que emitir deuda por $15,996,685,89439 para financiar sus actividades operacionales, de inversión y de financiamiento. El balance de los bonos por pagar del BGF para el año fiscal 1999-00 fue por $267,000,000, y $3,765,565,851 para el 2017-18, para un incremento de $3,498,565,851 o un 1,310 %".
Para los años fiscales del 2013-14 al 2019-20, el balance de los préstamos otorgados por el BGF al sector público tenía de un 29 a un 100 % de riesgo de ser incobrables. El balance de dichos préstamos fluctuó entre $889,768,000 y $8,955,026,000. Además, la reserva para pérdidas por dichos préstamos fluctuó entre $889,768,000 a $6,049,911,000.
Entre los personajes de la administración Fortuño que están atados a las transacciones perdidosas están Juan Carlos Batlle Hernaiz, presidente del BGF del 2011 al 2012, hermano de Fernando, quien fuera director ejecutivo de COFINA, del 2009 al 2011.
Batlle Hernaiz fue a trabajar en el 2017 con Ankura Consulting Group, una firma que ha tenido contratos con el gobierno de sobre $189.5M del 2017 al presente, como asesores financieros de AFFAF y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En la administración del gobernador, Pedro Pierluisi y la comisionada residente, González Colón, entre el 2021 y el 2025, tienen contratos por sobre $99.7M.
Precisamente sobre las emisiones de bonos en la AEE, el informe establece que se hicieron 23 por $11,899 millones del 2000 al 2016. La emisión del 7 de abril de 2010, por $822 millones, fue calificada de bajo riesgo por las agencias calificadoras, que consideraban que la capacidad de pago de los compromisos financieros era adecuada.
Pero, ya al 30 de junio del 2009 , ocho meses antes de la emisión, la AEE registró $147 millones en pérdidas y tenía un índice de endeudamiento con respecto a sus activos de 100%. El balance de cuentas por cobrar aumentó de $403 millones a $769 millones del 2000 al 2020 y los bonos por pagar aumentaron en un 123%, de $3,743 millones a $8,330 millones.
Entrwtanto, Ankura fue parte de los asesores del BGF en el proceso de reestructuración bajo el Título VI.
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