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Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
El ex alcalde penepé de Cidra, José E. Carrasquillo Cruz, hoy secretario de administración del Senado que preside, Thomas Rivera Schatz, no será procesado por corrupción en cuanto a sus vínculos con contratos de basura con el convicto federal, Oscar Santamaría, según lo decidió el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) el pasado 12 de febrero, el mismo día en que firmó un contrato con el 'brother del chat", Anthony Maceira Zayas.
En una decisión que no ha sido hecha pública por el FEI pero entregada por esa oficina a petición de Bonita Radio, el Panel alega que las fiscales, Ileana Agudo Calderón y Leticia Espada, decidieron que no obtuvieron prueba para acusar a Carrasquillo Cruz por delitos relacionados a violaciones de la Ley de Etica y soborno alrededor de los contratos de Waste Collection en el municipio de Cidra.
El lunes, Bonita Radio reveló que Maceira Zayas tiene un contrato de $150K de cuatro meses en el Senado, que precisamente lo llevaron el domingo a Washington a cabildear por la estadidad junto a Rivera Schatz y una delegación senatorial y otros políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Waste Collection era la empresa de Santamaría, un ex asesor del PNP que se convirtió en testigo en los casos de corrupción contra los hoy convictos, Angel Pérez, Félix El Cano Delgado, del PNP, Luis Arroyo Chiqués y Eduardo Cintrón Suárez, del Partido Popular Democrático (PPD), entre otros.
En el caso de Carrasquillo Cruz, durante su incumbencia en Cidra fue que Santamaría y Waste Collection obtuvieron su primer contrato millonario para el recogido de basura y según Arroyo Chiqués dijo en su vista de sentencia en el Tribunal Federal, desde allí se gestó el pedido de sobornos a través de esas contrataciones
Pero, el FEI alega que no encontró evidencia contra Carrasquillo Cruz. La pesquisa original data del 2015 y siete años más tarde fue investigado por el FEI - que dirige la ex jueza Ygri Rovera y el ex juez, Rubén Vélez.
Las mencionadas fiscales "coinciden con la conclusión del informe del Departamento de Justicia de que no hubo una actuación del exalcalde Carrasquillo Cruz violatoria de alguna disposición de naturaleza criminal por infracciones a la Ley de Etica Gubernamental, ni a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. Esto, particularmente, respecto al Articulo 254 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, sobre Intervención Indebida en las Operaciones Gubernamentales y el Articulo 259. sobre soborno", lee la resolución del Panel después de haber recibido un informe de las fiscales el 23 de enero de este año.
Alegaron que "no existe evidencia documental o testifical de que Carrasquillo Cruz obtuviera algún beneficio ilegal para 51 o un tercero como requiere la configuración del delito que contempla el Articulo 254 del Código Penal. Tampoco se obtuvo prueba de que Carrasquillo Cruz hubiese solicitado a recibido dinero o cualquier beneficio no permitido en ley al suscribir el contrato del municipio de Cidra con Waste Collection, Corp., ni que un tercero hubiese participado en un esquema de soborno en unión a Carrasquillo Cruz", establece el documento.
En su informe final, las fiscales especiales independientes incluyeron la declaración del querellante y el resumen del testimonio de nueve testigos adicionales, "quienes no aportaron evidencia alguna sobre hechos que sostengan alguna actuación ilegal por parte del exalcalde Carrasquillo Cruz".
El caso contra Carrasquillo Cruz se atendió desde el 2015 en el FEI sin resolverse hasta que en el 2022 se reactivó ante la petición de la prensa sobre la pesquisa que data de la administración de Alejandro García Padilla como gobernador.
La querella presentada el 11 de agosto de 2015, en ci Departamento de Justicia de Puerto Rico, por Azriel Rosario Martinez, quien alegó, que el entonces alcalde incurrió en actos de corrupción y conflicto de intereses. "La OPFEI no fue notificada por dicho Departamento, conforme requiere la ley, de que se realizaría una investigación, ni de ningún otro procedimiento posterior, relacionado con dicha querella".
En aquél momento realizaron la investigación en Justicia - años 2015 y 2016, y el 5 de abril de 2016 - los entonces fiscales Alberto Valcárcel Ruiz, Wilda Joy Nin Pacheco y Vilmary Rodriguez Pardo, quienes "suscribieron un informe sobre el resultado de ésta, titulado Informe en Solicitud de Cierre de la Investigación relacionado con alegadas violaciones" por parte de Carrasquillo Cruz.
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