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El impacto de proyectos de construcción como el de Esencia en Cabo Rojo no se atienden porque el director del ICP no convoca a los expertos en la materia
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
El Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, creado por la Ley 112 de 1988, ha venido sufriendo de la desidia de las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y desde el 2019 no ha sido convocado por el director del Instituto de Cultura y presidente, Carlos Ruiz Cortés, para atender querellas relacionadas a desarrollos como el de Esencia en Cabo Rojo y antes, el de la construcción de un hotel en medio de un embalse en Luquillo.
Los desarrollos del Hotel en Fairfield by Marriott en Luquillo y el de Esencia en Cabo Rojo tienen un asunto en común: uno fue propuesto y se materializó por el donante del PNP, Federico Stubbe y el segundo en vías de gestionar los permisos a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), también tiene como principal diseñador al arquitecto y donante, Ricardo Álvarez Díaz y su esposa, Cristina Villalón.
La última vez que Ruiz Cortés convocó al Consejo que preside fue en septiembre del 2023 para apercibirlos de que su función fue transferida a la OGPe desde que el ex gobernador, Luis Fortuño realizó una reforma de ese trámite en el 2009. Ese fue el inicio del “plan por diseño” de sacar del medio a las agencias expertas que intervienen en los permisos de construcción.
La expresión pública de Ruiz Cortés la dejó caer flanqueado de un par de abogados novatos y el sub director del ICP, Freddy Vélez, en una vista en la Cámara de Representantes en el 2023 donde se investigó el abandono en que mantiene la administración PNP del ICP a ese Consejo.
Esa interpretación la trajo Ruiz Cortés luego de que arqueólogos como Ivor Hernández y Maritza Torres Martínez, miembros del Consejo insistieron en que la Ley 161 de Reforma de Permisos de la autoría de la administración de Fortuño, Thomas Rivera Schatz en el Senado y Carlos Johnny Mendez en la Cámara, "no deroga la Ley 112 y no elimina los deberes y prerrogativas establecidas en relación con recursos de interés arqueológico terrestre en Puerto Rico”
El resultado de que el Consejo no se haya convocado es que las decisiones de temas expertos de protección arqueológica han recaído en arqueólogos empleados por el director del ICP como por ejemplo, la decisión de que en el embalse de La Montserrate donde se construyó un hotel por parte de las empresas de la familia Stubbe, no interfería con yacimientos arqueológicos.
“El movimiento de terreno relacionado con la obra “puede ser destructivo” para el sitio arqueológico Monserrate, que data de la época precolombina o indígena, y la Hacienda La Monserrate, del siglo 19”, dijo en aquel momento Isabel Collazo, arqueóloga ambiental. El Consejo nunca pudo investigar en el sitio porque Ruiz Cortés “me dijo que él ya lo había examinado” y determinó que no había daño. Entonces, dirigía la Oficina de Etnohistoria y Patrimonio arqueológico, Nancy Santiago Capetillo.
Otra inacción se dio en Jayuya cuando hubo querella por lo que causaba la construcción de un desarrollador de apellido Muntaner en las inmediaciones del barrio Jauca donde existe un yacimiento de la época indígena.
Aun cuando el Consejo celebró vista en el 2019, no se volvió a convocar y el yacimiento sufrió una segunda intervención en el 2020.
“La excusa fue en aquel momento la pandemia y luego vino la justificación de que la Ley del 2009 nos dejó sin campo de acción. Eso es totalmente falso”, dijo Ivor Hernández, arqueólogo con 20 años de experiencia en el Instituto y miembro del Consejo.
Ni Ruiz Cortés ni su oficial de prensa Lemil Collazo contestaron requerimientos de información y/o entrevista de Bonita Radio sobre el tema.
El 28 de septiembre del 2023, el director del ICP convocó una reunión con el Consejo para notificarles de que la Ley 161 del 2009 eliminó sus facultades para con la supervisión de los proyectos de construcción desde el punto de vista arqueológico y “transferir o se les dé participación en la preservación del patrimonio arqueológico terrestre”.
La inacción de Ruiz Cortés así como la de la Junta del ICP, presidida por el director de la Oficina de Conservación Histórica, Carlos Rubio Cancel, coloca a mega desarrollos como el de Esencia en Cabo Rojo, arrastrando los pies para presentar la evaluación arqueológica que realizó por espacio de un año y resultó en un voluminoso informe, sobre la existencia de sobre 140 sitios culturales en el predio de Los Pozos de Boquerón.
Allí se propone un desarrollo de 530 unidades de hotel; 1,132 residencias turísticas unifamiliares y multifamiliares; una escuela con 500 dormitorios para estudiantes; áreas recreativas; campos de golf; áreas de servicio médico; áreas comerciales y de entretenimiento; áreas de agricultura; y áreas de servicio e infraestructura.
El proyecto incluría además cuatro accesos públicos vehiculares a la playa con instalaciones sanitarias, apoyo para actividades públicas recreativas como el senderismo, observación de aves y ciclismo de montaña, y dos centros de actividades (Towncenters), donde se proveerá espacio para comercios y servicios, estableciendo ofertas gastronómicas, recreativas, culturales, religiosas y otros servicios esenciales para la comunidad en general”, según lees descripción en el informe realizado por la firma Arqueo Consulting.
La firma de arquitectos Álvarez Díaz y Villalón conceptualizó el proyecto desde que en el 2019 era uno a cargo de Roberto Cacho Pérez, a través de Cabo Rojo Acquisition, íntimo amigo del ex gobernador Pedro Pierluisi y activo donante de sus campañas y del PNP.
Cacho Pérez fue el encargado de conseguir con la administración Pierluisi, los incentivos contributivos que tiene el proyecto y que generó un decreto enmendado en agosto del 2024 a través de la Compañía de Turismo. Fue firmado por el director ejecutivo de entonces, Catlos Mercado.
lLa inversión elegible del megaproyecto Esencia es de $1,244,229,092.00. El 40% o $497.6M caen en el renglón de “alternative tax credits”.
La CTPR bajo Mercado añadió otras cuatro nuevas exenciones de 90% a 100% que incluyen que del primero de enero del año en el que inicien operaciones, el megaproyecto contaría con una exención de 90% en impuestos de la propiedad bajo el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por diez años.
Esencia tiene la oposición de múltiples grupos comunitarios y científicos que han incluso protestado por el endoso que dio el alcalde PNP, Antonio Morales Wiscovitch, al mega proyecto.
Los desarrolladores, entre ellos inversionistas de Nueva York y Londres, The Ruben Brothers y Three Rules Capital, han hecho múltiples giras de medios vendiendo el proyecto como uno bueno para el desarrollo económico de la zona.
Los desarrolladores han comprado 200 cuerdas de terreno para el proyecto y entre sus vendedores están Antonio Fas Alzamora, ex presidente del Senado bajo el Partido Popular Democrático y su hermana.
El desarrollo se daría en un área de anidaje y convivencia del ave autóctona, el Guabairo, una especie en peligro de extinción.
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